La Autoridad Portuaria de Sevilla, dependiente del Ministerio de Fomento , ha decidido desahuciar sin contemplaciones a las últimas siete familias que durante más de 50 años han venido residiendo en las viviendas construidas por Astilleros Españoles.
Desde la década de los años 50 y 60 hasta la actualidad un grupo de obreros habitaron, en régimen de alquiler, las 48 viviendas construidas por Astilleros en las inmediaciones de sus instalaciones sobre terrenos de la Autoridad Portuaria. Se trataba de trabajadores cualificados que residían junto a las naves de astilleros para actuar en casos de emergencia.
Hoy solo quedan 7 familias, la mayoría viudas de obreros, entre 80 y 90 años con ínfimas pensiones que apenas les permiten sobrevivir. El desmantelamiento de la industria naval en Sevilla asentada sobre terrenos propiedad del Ministerio de Fomento es la excusa oficial para expulsar de sus viviendas legítimas, sin la más mínima consideración, a quienes dieron su vida laboral en esa industria.
Intereses especulativos auspiciados desde esa Administración Pública están detrás de ésta actuación antisocial y vergonzante. Una vez más se pone de manifiesto la tremenda contradicción entre los discursos oficialistas y electoralistas del gobierno de una supuesta defensa de los derechos sociales y el desprecio más absoluto hacia las clases obreras más humildes, despojándolas de un derecho tan básico y tan elemental como es el derecho a permanecer en su vivienda.
La plataforma de apoyo y defensa de la barriada de astilleros constituida en su origen por familiares de afectados , recupera y traslada su voz de protesta reivindicando la construcción de una sociedad más justa y equitativa , censurando conductas impropias de un gobierno que se autodenomina socialista que vulnera flagrantemente la dignidad humana de quienes únicamente tienen muchos años y mucho sufrimiento a sus espaldas.
Instamos a todos los ciudadanos solidarios, colectivos sociales, partidos políticos e instituciones para que apoyen el derecho de estas personas a permanecer en sus viviendas arrendadas, el derecho a no ser inquietadas y presionadas en sus legitimos domicilios y en definitiva el derecho a que se respete su condición de ciudadanos en una sociedad libre y democrática.
